ABC para entender la liquidación de partidos políticos

CIUDAD DE MÉXICO.- ABC para entender la liquidación de partidos políticos

Hace apenas tres años, en las elecciones intermedias de 2015 fue la primera vez que los mexicanos vieron cómo un partido político estaba en riesgo de perder el registro y con ello el financiamiento público que recibía cada año. En aquella ocasión el Partido del Trabajo fue sujeto al proceso, pero en el último momento, gracias a dos elecciones extraordinarias se salvó.

Tres años después el Partido Nueva Alianza y Encuentro Social se encuentran en la misma situación por no haber logrado el 3 por ciento de la votación, el mínimo que establece la ley para mantenerse como partidos nacionales.

Ante este panorama, el Instituto Nacional Electoral designó a un interventor responsable para cada uno para el control y vigilancia del uso y destino de los recursos y bienes del partido, es decir, dinero, propiedades y todo aquello que se haya adquirido para el instituto político.

Una vez que se agotan las impugnaciones, la Junta General Ejecutiva del INE emitirá la declaratoria de pérdida de registro legal, por lo que comenzará la fase de liquidación del partido, es decir, el interventor asignado determinará los pagos pendientes a trabajadores, deudas fiscales, con proveedores y acreedores, acompañados de un avalúo de sus bienes muebles e inmuebles, así como el dinero con el que se cuenta y podría usarse para cubrir los gastos pendientes y lo que sobre se reintegrará a la Tesorería de la Federación.

De confirmarse la liquidación de los dos institutos políticos, el Instituto Nacional Electoral dejaría de erogar por lo menos, 530 millones 937 mil 462 pesos que recibieron en 2018 como parte del financiamiento público, de los cuales 272 millones 450 mil 451 pesos fueron para actividades ordinarias y específicas de Nueva Alianza y 258 millones 487 mil 605 para estos rubros de Encuentro Social.

El interventor tendrá las más amplias facultades para actos de administración y dominio sobre los bienes y recursos del partido, por lo que todos los gastos que realicen deberán ser autorizados por el interventor.

Además, la ley prohíbe al partido político en vías de extinción enajenar, gravar o donar bienes muebles e inmuebles que integren su patrimonio.